Educación elabora un protocolo para aplicar la ley de Oltra en los centros escolares públicos y concertados

Deberá respetarse el nombre, la vestimenta y el lavabo elegido por los niños 'trans'

Padres católicos censuran que se 'imponga' la ley Trans en colegios

La llamada ley de Transexualidad de la vicepresidenta Mónica Oltra tendrá su incidencia en los colegios públicos y concertados, a pesar del reparo que puso el Consell Jurídic Consultiu y del rechazo que esto provoca entre la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia. Las consecuencias que de esta norma se deriven vendrán reguladas por un Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión y la intersexualidad, un documento del que la Conselleria de Educación ya tiene un borrador en el que, por ejemplo, se recomienda que el uso de los baños sea mixto.

El punto de partida es fijar una serie de pautas para los centros en los que estén matriculados alumnos transexuales, es decir, que no se identifican con su sexo biológico. El colegio debe dar respuesta y adaptarse al niño que se siente niña y viceversa. El plan de actuación contempla para ello toda una serie de medidas organizativas que afectan incluso al uso de las instalaciones del centro «según la identidad de género expresada».

En este sentido, el protocolo especifica que «conviene estudiar y repensar la disponibilidad y distribución de lavabos de chicos y chicas, o la posibilidad de que sean mixtos». En todo caso, «se garantizará al alumnado el acceso a los lavabos y los vestuarios de acuerdo con la identidad de género manifestada».

La chica que nació con sexo masculino tendrá así todo el derecho a entrar en el baño femenino, al igual que el chico transexual podrá entrar en el lavabo con el resto de niños. Los centros, además, deberán respetar la «libertad de vestimenta».

De la misma manera, se podrá exigir al colegio que toda la documentación administrativa esté en consonancia con «el nombre y el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna», lo cual vale para listas de clase, informes de evaluación, boletín de notas, sobres de matrícula, identificación de material... Si el alumno fuera menor de edad, la familia deberá solicitarlo formalmente, aunque la documentación oficial del estudiante no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil.

Hasta que eso suceda, la consigna será «priorizar el bienestar del alumno», según reza el documento al que ha tenido acceso este diario. Y bajo esta premisa, los profesores deberán «dirigirse al alumno o la alumna por el nombre y la adscripción de género que haya escogido y comunicado al centro».

En cuanto a las medidas educativas que enumera el protocolo, se pide «evitar la realización de actividades diferenciadas por géneros» para no separar entre chicos y chicas. «Se tendrá especial cuidado en la configuración del grupo-clase de referencia del alumnado en proceso de transición de género, de manera que favorezca la inclusión del alumno o la alumna, respetando la integridad de su red social», agrega el documento de la Administración educativa.

El lenguaje en el entorno escolar forma parte también del protocolo a tener en cuenta. «Las personas adultas harán uso de un lenguaje inclusivo, igualitario y respetuoso con la diversidad», por lo que «no se permitirán usos lingüísticos discriminatorios ni actitudes arraigadas que puedan ser denigrantes hacia las personas trans».

El documento dedica un capítulo a «medidas extraordinarias en caso de detección de indicadores de transfobia» en el entorno escolar. «Se trata de prevenir posibles situaciones de disconformidad, malestar y rechazo que le produce al alumno o alumna la situación de divergencia entre la identidad psicológica y el sexo anatómico», reza el protocolo. Aparte de que cualquier caso de acoso o violencia deberá comunicarse de entrada a la inspección educativa, el colegio deberá actuar en «situaciones de desprotección».

El protocolo se refiere a cuando la familia ni siquiera acepte la identidad de su hijo y se observe «sufrimiento emocional o psicológico persistente». El objetivo será «llegar a un acuerdo entre las partes, desde la vía del diálogo», para adoptar en el colegio medidas consensuadas. Pero si fracasa esta vía, para «casos extremos de no colaboración», el colegio deberá notificarlo a Bienestar Social siguiendo el protocolo por maltrato infantil.